Al visitar la página de la comisaria Margrethe Vestager en el sitio web oficial de la Unión Europea, junto con la información curricular y su agenda de reuniones previstas, llama la atención la presencia de noticias como la siguiente: “Fusiones. La Comisión aprueba la adquisición de la empresa tal por parte de la empresa cual, pero bajo ciertas condiciones”. Si alguien piensa aún que Europa tiene una economía de mercado, nada mejor que una visita a la página de la señora Vestager para comprender mejor la realidad. Un buen ejemplo es la sanción por Google Shopping.
Esta política danesa se ha convertido en la última pesadilla de Google pero, sobre todo, de millones de usuarios europeos de Internet y de ese motor de búsqueda. La Unión Europea mantiene desde hace años una guerra comercial no declarada ni reconocida contra bastantes empresas, sobre todo extracomunitarias y sobre todo de los ámbitos TIC y digital, que prestan sus servicios a los consumidores europeos. El auge de estas empresas en nuestro continente obedece a la preferencia de los ciudadanos europeos, pero algunos políticos lo consideran una amenaza a la que intentan hacer frente con todo tipo de regulaciones y multas. Confirman así la tesis de Dominick Armentano en su libro sobre esta cuestión: el intervencionismo en materia de competencia y antitrust genera invariablemente más arbitrariedades y más situaciones de dominio que las que corrige.
Una sanción astronómica
Dos mil cuatrocientos veinte millones de euros es la cifra astronómica de la sanción contra Google Shopping, impuesta hace un par de semanas. Vestager, que hace unos meses intervino con firmeza en el sector del ecommerce, la emprende ahora con Google, una de las bestias negras del aparato político de Bruselas. Tras expresar su reconocimiento a la empresa de Mountain View porque “ha cambiado nuestras vidas”, la acusó a continuación de beneficiar en su propio website a su propio servicio de comparación de productos, frente a otros que desempeñan una función similar. Es como quejarse de que Google muestre en sus páginas los anuncios de Google Adwords y no los de otras plataformas de publicidad, por poner el primero de los muchos ejemplos que inmediatamente surgen al considerar el asunto. Pongamos que la comisaria tuviera razón. ¿Dónde estaría el problema? Cada cual, en su sitio web, es libre de presentar la información que desee. Impedírselo vulnera flagrantemente la libertad económica, la de comercio y quizá hasta la de expresión. Pero es que además, no es así.
Google separa escrupulosamente los resultados orgánicos
De Google se podrá decir lo que se quiera pero no se le puede acusar de fraude en los resultados de búsqueda, porque siempre ha sido impecable en la separación escrupulosa de los orgánicos y los propuestos por la empresa propietaria del sitio. Entre estos últimos hay obviamente resultados patrocinados, y hay otros muchos que no generan beneficio económico y simplemente intentan proporcionar al usuario una experiencia mejor, ya que es probable que su búsqueda quede mejor resuelta con la información elaborada, procesada o recogida por Google. Y, naturalmente, esto se coloca al principio de la página (arriba o a la derecha) para darle la notoriedad adecuada, aunque eso moleste a algunos lobbies presentes en Bruselas, no al final de la página. Es lo que sucede al buscar una operación matemática, un vocablo, un libro, una serie de televisión, un vuelo, una obra de arte, un producto. ¿Qué tiene de diabólico que Google, al buscar un producto, te proponga unas cuantas tiendas donde comprarlo, mediante un carrusel de su propia herramienta de comparación, que además aparece claramente marcado como “patrocinado”? Ni un solo usuario se ha quejado de ello. Quien quiere hacer caso lo hace, y quien no quiere baja la vista dos centímetros y tiene a su disposición, claramente presentado, el resultado orgánico de la búsqueda. Sólo los políticos como Vestager ven fantasmas en esto. O quizá no los vean, pero los simulan para perpetuar lo que no es más que una guerra económica e informativa. La multa por Google Shopping es una sanción política, y frente al ruido mediático es conveniente conocer la versión de Google.
A la UE le molesta Google
A la UE, sencillamente, le molesta y mucho haber perdido la carrera de la información: la carrera de la ordenación, clasificación y ofrecimiento de la información buscada. Ahora se da cuenta de que ese tren era importante y de que dos chicos norteamericanos le comieron la tostada. La UE ya le vio las orejas al lobo hace más de una década, y consideró la propuesta francesa de construir un motor de búsqueda europeo. Se habría hecho como se suelen hacer las cosas en Europa: con mucho dinero de los contribuyentes, mucha centralización y control estatal y ningún incentivo empresarial detrás. Habría sido un fracaso equivalente al también francés Minitel, o peor. El Estado no es empresario. La propuesta, que Alemania declinó y quedó aparcada sine die, resurge de vez en cuando al agitarse la tensión UE-Google. Bruselas ya se prepara para atacar a Google en dos frentes más: el de la supuesta “posición de dominio” por Android y el que probablemente van a abrir por Adwords.
¿Posición de dominio?
¿Cómo que «posición de dominio»? Posición de dominio es la que mantienen innumerables grandes empresas europeas amparadas en una regulación excesiva que les protege de la competencia, y por las subvenciones que los Estados miembros les conceden y que la Comisión aprueba o consiente. Posición de dominio es la que la propia UE pretende ejercer sobre aquellas empresas innovadoras que —¿por qué será?— no tienen su origen ni su sede en un Viejo Continente cuyo mercado está estrangulado por sus políticos (véase, por ejemplo, el caso de las empresas de la economía colaborativa). Posición de dominio es inmiscuirse en cómo presentan sus resultados de búsqueda los sitios web que se dedican a eso, y qué información colocan alrededor. Posición de dominio es pretender que Internet, un eficiente orden social y económico espontáneo, funcione como mande la Comisión Europea. Y es Google quien tal vez podría “sancionar” esa posición de dominio desindexando miles de páginas del aparato político y burocrático bruselense, pero no lo hará porque, a diferencia de la Comisión, Google se debe a los usuarios que buscan en Internet, es decir, a los ciudadanos.
