El derecho al olvido ha ido ganando terreno en diferentes países en el último año, después de que en mayo de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictara sentencia en favor de un ciudadano español que había solicitado a Google que borrara los enlaces a webs que contenían información que afectaba a su privacidad. En este tiempo, Google ha recibido 780.000 solicitudes de eliminación de links que apuntaban a información lesiva, de las cuales ha dado curso al 41%, teniendo en cuenta los requisitos para censurar contenido establecidos en el fallo del TJUE.
En esta misma línea, los ministros de Justicia europeos cerraron el pasado junio un primer acuerdo para definir una normativa de protección de datos a nivel de toda la UE que se está tramitando actualmente en el Parlamento Europeo. Esta nueva ley permitirá a los ciudadanos no solo solicitar el borrado de información sensible en los buscadores, sino también reclamar la retirada de contenido perjudicial en Internet. Y, además, exigirá el consentimiento expreso de los usuarios para el tratamiento de sus datos.
¿Derecho al olvido contra libertad de expresión?
Sin embargo, el avance de este tipo de normativas no está exento de polémica. Esta nace de la fricción entre dos derechos:
- El derecho a la protección de datos, que asiste al sujeto a la hora de pedir la eliminación de información personal errónea, obsoleta o falsa, sobre todo si esta resulta perjudicial o dañina para su integridad.
- El derecho a la libertad de expresión, que respalda la difusión de información de interés general para los ciudadanos.
En Internet, el choque de ambos conlleva nuevas implicaciones. Por un lado, los buscadores argumentan que la indexación y difusión de resultados se lleva a cabo por medio de un algoritmo matemático, por lo que no existe intencionalidad a la hora de servir la información. Por otra parte, los usuarios afectados esgrimen la necesidad de buscar cauces de intervención en la red para evitar que alguien tenga que arrastrar el estigma de la publicación de datos falsos, no verificados o injuriosos sobre su persona de por vida.
¿Qué futuro le espera al derecho al olvido?
Rusia se ha subido al carro con la preparación de una normativa similar en ciertos aspectos a la de la UE -suavizando un primer borrador mucho más restrictivo- que, tras su aprobación en la Duma, podría entrar en vigor el próximo 2016.
Mientras tanto, Google mantiene a disposición del público un formulario para la solicitud de retirada de resultados de búsqueda en virtud de la normativa de protección de datos europea. En la petición se deben indicar las URL conflictivas, en qué medida concierne al solicitante la información que estas contienen y por qué motivo esta última se considera irrelevante, obsoleta o lesiva.
¿Nos prohíbe Internet olvidar nuestro pasado?
De forma paralela a la consolidación del derecho al olvido, las redes sociales parecen empeñarse en recordarnos nuestro pasado. Este es el caso de Facebook con su propuesta “Un día como hoy…”, una especie de recordatorio de efemérides al estilo de la prensa de toda la vida, pero de carácter personal para cada usuario. En principio, solo este puede verlas y decidir si quiere volver a compartir la publicación del pasado con sus amigos o no.
Aunque esta vuelta al pasado sea inofensiva en un sentido legal, al usuario le puede sentar como una puñalada trapera que le recuerden unas vacaciones con un ex, un suceso poco edificante o que, incluso, le muestren una fotografía con un ser querido que ha fallecido. Lo que pone de relieve que a Internet y a las redes sociales aún les queda mucho por andar… en cuestión de empatía.
