Cuando hablamos de consumo compartido y, en general, de economía colaborativa, uno de los mayores referentes actuales es Blablacar. Igual que hoy se emplea el verbo de nuevo cuño “guglear” para referirse a la acción de buscar información, “tomar un blablacar” ha sustituido a “coger el autocar de línea” o el tren. Es un fenómeno parecido al del término “úber”, que ha reemplazado a “taxi” en el vocabulario de infinidad de consumidores, sobre todo jóvenes. O al ocurrido con la curiosa palabra “erbienbí”, que se está abriendo camino en nuestros diccionarios como actualización del viejo vocablo “hotel”. Con el tiempo, cuando la competencia sea mayor entre proveedores, es probable que vayan apareciendo palabras más neutrales, no derivadas de las primeras marcas, para referirse a cada uno de estos servicios. Pero tenemos antecedentes históricos bastante curiosos. Por ejemplo, la palabra “kódak” se empleó durante décadas como sinónimo de “cámara fotográfica”.
El lenguaje es quizá el mejor ejemplo de un orden espontáneo, que se caracteriza por la aparición descoordinada, desintervenida, de términos y construcciones de todo tipo. Son legión los filólogos que se aprestan hoy a analizar, con la curiosidad del entomólogo, la influencia de WhatsApp y similares sobre el lenguaje escrito. No faltan, sobre todo en las sociedades latinas, los abogados del orden establecido que se revuelven ante semejante anarquía y reclaman la intervención de sesudas academias, fundaciones especializadas e instituciones públicas para embridar nuestra habla. Vano intento, por supuesto: el lenguaje es un ente vivo que evoluciona a la velocidad del rayo, conducido por sus usuarios. Algo muy similar ocurre con la economía colaborativa.
El paralelismo es claro. Ya puede cualquier academia decir lo que quiera, que los hablantes acuñarán nuevas palabras según las vayan necesitando. De igual manera, los burócratas y los póliticos cercanos a los más diversos lobbies pondrán todas las trabas que quieran al consumo compartido; pero los ciudadanos, valiéndose de la tecnología de comunicación que les libera, compartirán el transporte urbano e interurbano, el alojamiento y cualquier otro bien o servicio, intercambiando libremente entre ellos y acordando los precios o el reparto de costes. Inmiscuirse en esas interacciones e imponer injerencias oficiales no sólo es antimoderno y antieconómico. Es, sobre todo, fútil. Cuando, además, se ve claramente que los beneficiarios de esas injerencias son los sectores menos dinámicos, y que las regulaciones van en detrimento de la innovación y del bolsillo de los consumidores, cabe entonces señalar la injusticia del aparato oficial, pagado además por los mismos ciudadanos cuya libertad de transacción se intenta recortar.
Blablacar: defenderse de la sobrerregulación
Blablacar es un ejemplo particularmente exitoso de organización espontánea de los consumidores para defenderse de los costes excesivos derivados de la sobrerregulación. La empresa en sí es lo de menos, ya que simplemente aporta la plataforma. Lo realmente importante es cómo la tecnología permite a dos o más personas ahorrar costes compartiendo servicios. Cuando la carga tributaria de los servicios oficialmente regulados crece hasta estrangular la viabilidad misma de las transacciones, es lógico que la gente se defienda, y el intercambio directo es su mejor barricada.
La reacción de los sectores económicos que se ven superados por la evolución social y tecnológica siempre es la misma: argumentar que ellos estaban ahí primero y que eso les confiere derechos. A continuación cuestionan la seguridad o la calidad de los servicios alternativos, como si decidir sobre estos aspectos no correspondiera a cada usuario. Y luego alertan sobre los profesionales cuyo empleo peligra. Por esa misma lógica, aún tendríamos serenos por las calles de nuestras ciudades. Pero las empresas beneficiarias de licencias oficiales empaquetan todos esos argumentos y cabildean ante los políticos que se las concedieron, exigiendo su intervención para detener el progreso. Así, vemos hoy una guerra sin cuartel entre determinados ayuntamientos y las plataformas de transporte urbano o de alojamiento turístico.
Y vemos también las trabas y sanciones contra empresas como Blablacar. Es significativa la reacción de esta empresa ante las presiones de todo tipo que sufre en España, como también lo es que nuestro país sea el único, de los 22 en los que opera, donde estas presiones ocurren. En una reciente entrevista, el fundador de la compañía, Nicolas Brusson, consideraba triste que en España se esté cuestionando nada menos que la legitimidad de compartir coche. La Comunidad de Madrid ha optado por sancionar a dos ciudadanos por usar la plataforma, y lo relevante es que la propia Blablacar haya asumido su defensa llevando el caso ante la Comisión Europea. Con tres millones de usuarios en España, la misma existencia de Blablacar es consecuencia de la voluntad de los consumidores. La economía colaborativa, en su conjunto, responde a esa misma voluntad, y enfrentarse a ella desde las administraciones públicas sólo conduce al divorcio entre lo oficial y la sociedad.
